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Jueves, 07 de Mayo de 2009 06:03

Seis detenidos de Pico Truncado quedan en libertad. En tanto, reclamos salariales y de trabajo se agudizan en distintas zonas Patagónicas, ahora en Cañadón Seco, los trabajadores afirman que "mientras dure el conflicto no nos van a detener".    

6/07/05 - Efectivamente, cada día hay un nuevo capítulo en torno a conflictos por salario y trabajo en el sur del país.

En las últimas horas, unos 200 desocupados cortaron la ruta Provincial Nº 12 y la Nº 99 que lleva a Cañadón Seco, como así también varios caminos alternativos. La medida se dio una vez cumplido el plazo que habían dado a las operadoras por una solicitud de puestos laborales. Por la tarde de ayer, los manifestantes se apostaron en el ingreso a Cañadón Seco y en varios tramos de las rutas provinciales, con quema de cubiertas. En su gran mayoría son hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar, y es la primera vez que participan de movimientos de estas características.

Por otra parte, a la espera de respuestas de las operadoras con quienes ya se habían reunido, un centenar de personas mantienen los bloqueos en la base administrativa de Repsol YPF y en la de Vintage Oil.

De los manifestantes, 43 pertenecen a las actas 5, 6 y 7 de la última toma de la playa de Tanques de Termap que desde el 7 de agosto están percibiendo un subsidio, en tanto que el resto son desocupados que bregan por recibir la capacitación.

Crónica del conflicto

El "circuito petrolero" comienza en Comodoro Rivadavia y continúa en las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. Son zonas ricas, por las regalías del petróleo, y con trabajadores en lucha. Por una sencilla razón: "La cotización del hombre no alcanza para sus explotadores a la cotización del mulo, del carnero y del caballo" (Sociedad Obrera de Río Gallegos, Manifiesto de noviembre de 1920).

PICO TRUNCADO (Santa Cruz)

El 30 de junio fueron liberados los 6 miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes habían sido detenidos el pasado 24 de junio. Las presiones ocasionadas por las movilizaciones y las jornadas de lucha en distintos puntos del país fueron decisivas a la hora de las excarcelaciones. La represión judicial (con los arrestos y las más de 60 órdenes de detención) fue la respuesta al reclamo salarial, que duró 45 días, 37 de los cuales fueron cortes de rutas por parte de más de 600 manifestantes. El secretario general de ATE-Nacional, Pablo Micheli, planteó que "esto ocurre justamente en la provincia del Presidente de la Nación, que se jacta permanentemente de ser el abanderado de la defensa de los derechos humanos"

Cómo sucedieron las detenciones


En reclamo de una recomposición salarial y durante más de 40 días, los trabajadores de ATE mantuvieron cortadas las rutas nacionales nº 12 y 43 .
Finalmente, el Intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimo, firmó un acta el martes 21 de junio donde se comprometía a otorgar un aumento al sueldo básico de $50, abonar 120 pesos de salario familiar e incorporar a la planta fija a los trabajadores contratados. A partir de este acuerdo, se levantaron los cortes de ruta.
Pero luego Maimo incumplió el acuerdo, aludiendo que "había firmado por coacción y que se presentaría ante la justicia". La denuncia abarcaba las figuras de coacción, cohecho, secuestro, amenazas de muerte y destrozos. La jueza Graciela Esther Ruata de Leone libró las órdenes de detención. En consecuencia, Alejandro Garzón, secretario general de la ATE provincial, y los delegados, David Esteres, Belisario Seguel, Julio Pesolano, Pedro Paillaguala y Pilar Peralta fueron encarcelados y trasladados a distintas comisarías de Perito Moreno, Los Antiguos y Puerto Deseado. A estas detenciones se sumaban otras 60 órdenes de detención.

Roque Alfredo Ocampo, Ministro de Gobierno de Santa Cruz, declaró el 25 de junio que: "unas personas que estaban de huelga (...) tuvieron encerrados a los funcionarios y los obligaron a firmar un acta donde le planteaban un arreglo salarial que indudablemente la Municipalidad de Truncado no puede afrontar". Sin embargo, Ocampo no señaló que la supuesta amenaza de muerte a Maimo sólo fue escuchada por éste, ya que ningún otro funcionario ratificó la denuncia del Intendente.

Al respecto, Pablo Micheli sostuvo que la denuncia del Intendente "es falsa, (ya que) ellos estuvieron negociando hasta las 4 de la mañana (del martes 21 de junio) llegando a un pre acuerdo. Se pasó a un cuarto intermedio y todos se fueron a sus casas, inclusive el Intendente. A las 11 de la mañana se hizo una asamblea, se aprobó la propuesta y a las 2 de la tarde en el casino de la policía, acá en Pico Truncado, firmó el Intendente y el Secretario General del gremio ¿De qué coacción me están hablando?".

En un comunicado de prensa, representantes de ATE a nivel nacional explicitaron que con la firma del acuerdo quedaba "declarada la paz social, y restablecida la normalidad en el trabajo, (pero) el acta fue incumplida por las autoridades" y que "esto se ha transformado en una cacería de brujas, violando flagrantemente los derechos humanos, deteniendo compañeros y allanando sus domicilios sin citación previa y sin las garantías que marca el código de procedimiento". Pablo Micheli agregó que "hemos recibido la solidaridad de todas las provincias y los distintos sectores de nuestro sindicato en contra de esta actitud represiva del gobernador Acevedo que recuerda a Varela en la Patagonia Rebelde, arrancando a los compañeros, sin proceso previo, de sus casas y confinándolos a pueblos lejanos de la localidad a la que pertenecen".

"Ahora es una lucha por los derechos humanos"

El 28 de junio, empleados estatales junto a movimientos piqueteros, organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron un paro en todo el país, con acatamiento masivo, y que incluyó marchas en las capitales provinciales, para reclamar la liberación de los seis trabajadores de ATE. En la ciudad de Buenos Aires, se realizó una concentración en Tribunales y una protesta en la Casa de la Provincia de Santa Cruz que concluyó frente a la Casa Rosada. Zonas aledañas a Pico Truncado, como Las Heras, Caleta Olivia, Río Turbio y Comodoro Rivadavia exigieron la libertad de los detenidos mediante piquetes. También se recibió la solidaridad de organizaciones internacionales.

La "marcha de silencio" fue la medida en Pico Truncado y contó con la presencia de 500 manifestantes. Familiares, amigos y allegados de los obreros en conflicto, dieron a conocer una carta abierta, cuyos puntos principales señalaban que "Nosotros sabemos que los trabajadores están luchando por sus derechos (...) En Pico Truncado nos hemos quedado con vecinos privados de la libertad, con amenazas de más detenciones, paralizados por los manejos de poder, viendo cómo se maneja día a día a la opinión pública, cómo se busca distorsionar la realidad, dividir y enfrentar a los vecinos". La carta también pide a la comunidad que "abra los ojos, que agudice los oídos, y que saque conclusiones (...) Usted puede disentir, puede opinar diferente. Pero todos sabemos aquí que esto comenzó con un reclamo salarial y que ahora es una lucha por los derechos humanos, por la justicia social, por impedir la manipulación de todo un pueblo".

Si bien se dictó la excarcelación a los delegados detenidos, se sigue adelante con el procesamiento y las indagatorias y se debieron pagar $3000 en concepto de fianza. Para Joaquín González, abogado de ATE, "las marchas sociales fueron fundamentales para la liberación". También indicó que no ha habido ningún aviso legal sobre la invalidez del acta firmada entre el gremio y la Municipalidad, por lo que el acuerdo sigue vigente, pero sin efecto. Por su parte, Alejandro Garzón señaló que "Hoy el acuerdo salarial no está anulado sino que está suspendido. Ayer (por el martes 5 de julio) los compañeros han comenzado a cobrar los sueldos, no han cobrado de acuerdo al acta, así que firman el recibo en disconformidad, esa acta está en suspenso en la justicia y por ende no se ha acatado, creemos que una vez que comencemos a declarar nos van a dar la razón, una vez que se caiga la coacción de la que somos culpados, esa acta va a entrar en vigencia". Además agregó: "Tarde o temprano esa acta va a tener validez y vamos a cobrar retroactivo los sueldos a partir de julio, los compañeros lo han entendido así, entonces no hemos perdido y seguimos organizándonos para seguir con las medidas de fuerza", finalizó.

CALETA OLIVIA (Santa Cruz)

Los empleados municipales que permanecían sobre la Ruta provincial Nº 12 levantaron de manera provisoria el corte de la misma, así como el de la Ruta 99 que une la Nacional Nº 3 con Cañadón Seco, con el fin de facilitar las negociaciones con el Municipio. Los trabajadores exigen que el aumento salarial se incorpore de forma inmediata al sueldo básico, pero la propuesta lo da como "no remunerativo". El delegado Julián Carrizo sostuvo que si no hay acuerdo, vuelven los cortes.

El marco de la desocupación en Santa Cruz

La privatización de YPF trajo, entre otras consecuencias, desocupación en las distintas ciudades del sur del País. Frente a esta situación, los trabajadores formaron pequeñas industrias, que se vincularon en forma terciarizada a las empresas petroleras.

El abogado Cesar Amaya, del sindicato de los empleados jerárquicos municipales de Caleta Olivia (APJAM), explicó: "La mayor parte de los emprendimientos Pymes de la zona norte, especialmente de Cañadón Seco (otra localidad de Santa Cruz) está conformado por la gente que resultó del desguace de YPF. Esas Pymes, que se constituyeron en la década del 90, quedaron en situación terminal porque no tuvieron ningún tipo de apoyo del estado provincial. De 16 o 17 que había en Caleta sobreviven solo 4".

Los "nuevos desocupados" fueron integrados a plantas municipales, en general como contratados. Ahora los trabajadores reclaman su paso a planta permanente y aumento de salario para lograr la estabilidad laboral, postergada desde hace años, y tener un sueldo acorde a las necesidades básicas.

"Mientras dure el conflicto no nos van a detener"

El sábado 25 de junio se realizó una asamblea multisectorial, de la cual participaron uniones de vecinos como mediadores del conflicto. En esta reunión, se propuso pedirle al gobierno provincial que financie los $80 al básico que reclaman los trabajadores municipales. El intendente Fernando Cotillo se comunicó con el gobernador Sergio Acevedo para hacerle llegar el pedido. Sin embargo, el gobernador desestimó la propuesta.

El viernes pasado, desde la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA) se informó que se había llegado a un acuerdo con el sindicato que agrupa a los municipales, SOEMCO, que contempla el pago de un adicional de $150 no remunerativo que sería abonado con los salarios de junio y que no sería absorbido por futuros aumentos. El dirigente Julián Carrizo indicó que "nosotros, le pedimos a los compañeros que suspendieran las medidas en la ruta 99 y 12 para mostrar un gesto, pero desde el gobierno nunca nos dieron una respuesta que colme mínimamente las respuestas a los trabajadores". Los trabajadores decidieron no aceptar la propuesta, por lo cual volverían los cortes de ruta.

Nuevamente el Ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque Ocampo, con respecto a los cortes de rutas, declaró como voz oficial: "Tenemos claramente planteado que para nosotros el corte de la ruta es un delito y para ello debe actuar la justicia (...) A la policía de la provincia como auxiliares de la justicia se les ha pedido una serie de medidas que se están cumplimentando, entre ellas, la notificación de que se está cometiendo un delito, la posibilidad que existe de que despejen las rutas como corresponde y otra serie de notificaciones que se están haciendo llegar a los actores". Es decir que el gobierno santacruceño recurre a salidas judiciales para terminar con los conflictos sociales y políticos. De hecho, se intimó a los trabajadores a desalojar las rutas. Respecto a estas medidas represivas, César Amaya advirtió sobre la presencia de grupos de elite de la Gendarmería Nacional y el sobrevuelo de dos helicópteros durante el miércoles y el jueves último.

Por su parte, el delegado Pablo Robles manifestó que "mientras dure el conflicto no nos van a detener, nosotros esta película ya la vimos y sabemos como actúan. Pasó cuando fue el tema de playa de tanques que detuvieron a seis personas en Caleta Olivia y ahora con lo de Pico Truncado. Esperan que termine todo y después van a las casas a buscarlos (...) Lo importante es que ahora los municipales no se van a quedar en sus casas 14 años esperando que les den un aumento, saben como reclamarlo".

elsurhoy

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