Buscando reencauzar las finanzas que en 2011 cerraron con un déficit de $1200 millones, la provincia de Santa Cruz ya tiene en vigencia el Decreto 05/2012 de ajuste económico, al cual comienzan a adherir los 14 municipios declarándose en Emergencia Financiera.

El Decreto fue consecuencia de la fallida sesión del 29 de diciembre pasado, donde junto al saldo de 21 heridos, Peralta no logró la aprobación de un paquete de leyes de ajuste económico y reforma previsional.

Las leyes impulsadas generaron el rechazo de los gremios, que veían afectada en primera instancia la posibilidad de solicitar recomposiciones salariales y una suba abrupta en la edad jubilatoria, como retenciones de haberes tras el incremento de aportes personales.

Al malestar de los gremios estatales, se sumó la Cámara de Comercios. El Estado provincial tiene una deuda cercana a los $500 millones con proveedores, según informó el sector. La medida de emergencia propiciaba el pago con bonos al área comercial. Esta semana, Peralta se reúne con los titulares de la Cámara de Comercio para viabilizar el pago de la deuda, evitando que empleados y empleadores —como nunca ocurrió— se movilicen en contra del gobernador.

Ante el contexto de complejidad financiera y política, Daniel Peralta anticipó que en el inicio de las sesiones legislativas insistirá con el paquete de leyes “para contar con algunas herramientas financieras”.

 

 

“Todavía no sabemos cómo obtener los recursos para afrontar lo que debemos y hacemos un enorme esfuerzo para pagar sueldos a fin de mes”, fue la confesión de Peralta. Una administración provincial que hoy ve una enorme dificultad para pagar salarios al 47% de la población que vive del Estado.

Para afrontar una erogación de $500 millones de masa salarial, el gobernador ha recurrido en dos oportunidades al adelanto de Coparticipación Nacional y al adelanto de regalías hidrocarburíferas por parte de YPF.

Después de 20 años, el Gobierno no logra respetar el cronograma de pagos de salarios tanto para el sector pasivo como activo.

Buscando reencauzar las finanzas, Peralta anunció que, tal como hizo en diciembre, colocarán topes a los aguinaldos próximos de toda la administración pública. Con la retención en los aguinaldos, el Gobierno decidió sólo abonar hasta $4000 por trabajador, con lo que se dejó de pagar $40 millones.

En las últimas horas, Peralta confirmó que trabajarán para “ver si podemos subir un escalón más en el tope de 4 mil que pusimos”. Sólo hasta que las cuentas fiscales se equilibren, el Gobierno retribuirá lo adeudado a los empleados públicos. A ello se le suma un retroactivo de tres meses que el gobierno provincial adeuda al sector docente, del aumento otorgado del 25% por decreto en el mes de junio. “Estamos viendo de qué forma lo podemos encarar y, seguramente, en alguna reunión paritaria analizaremos cómo podemos cumplir con eso que se nos complicó en el marco de la situación económica que tuvimos que atravesar”, aseveró el gobernador.

En las últimas semanas, junto al rearmado de su gabinete luego de la renuncia de los representantes de La Cámpora, Peralta debió saldar una deuda de $25 millones con el sector de la salud pública. Médicos y farmacias comenzaban a dar de baja a la obra social del Estado, que significa un promedio de 60 mil afiliados.

 

 

Con una crisis política reflejada en la fragmentación del FPV y la renuncia de los referentes de la joven agrupación kirchnerista al Gabinete provincial, Peralta tiene por delante una inminente reforma previsional.

La iniciativa del Ejecutivo provincial aumenta la edad jubilatoria en 10 años a lo ya establecido en la ley. Aplica retenciones extraordinarias a activos pasivos y aumenta los aportes personales y patronales. La Caja de Previsión es el gran desafío que Peralta tiene por delante. Un sistema solidario y de reparto que cerró el 2011 con $800 millones de déficit y que incorpora 100 nuevos beneficiarios por mes. La proyección indica que en tres años, la Caja será inviable, con una desproporción actual de 14000 jubilados frente a 40000 trabajadores activos.

Los gremios trabajan en un texto para negociar con legisladores y autoridades provinciales. El mayor temor es la transferencia del ente a la órbita nacional, al respecto Peralta adelantó “debemos encontrar una salida para no transferir. Un régimen que puede pagar los salarios hoy y no dentro de dos o tres años no es viable”.

La reforma del sistema previsional es inminente para los santacruceños. Las dos veces que el Gobierno quiso avanzar en dicha política, sólo hubo desacuerdo con los gremios y dos jornadas de absoluta violencia.

Peralta espera que el cuerpo legislativo —donde pese al quiebre político con La Cámpora, sigue teniendo mayoría parlamentaria— le aprueben la Ley de Presupuesto que supera los $10.500 millones con un déficit de $800 millones.

Garantizar institucionalidad y administrar una provincia con serios problemas económicos, es el desafío de Peralta que ya no parece contar con el respaldo de la propia Presidenta de la Nación.

 

por Lucía Salinas

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