Clarín accedió a documentación que prueba el espionaje ilegal.
 

Los gremialistas revelaron varios casos. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 2011, trabajadores estatales reclamaban frente a la legislatura provincial para evitar que se apruebe la ley de emergencia económica y previsional que el gobernador, Daniel Peralta, había mandado al recinto. A la tensión se le sumaron factores políticos y una interna dentro del Frente para la Victoria. La policía reprimió: más de 20 heridos y la casi renuncia de Peralta fue el saldo de un fin de año movido.
 

Días después, el fiscal de Estado de Santa Cruz, Iván Saldivia presentó una denuncia contra los líderes de la mesa de unidad sindical santacruceña, acusándolos de “instigadores” de los enfrentamientos del 29 de diciembre. Como prueba, presentó videos y fotografías de las marchas que derivaron en los incidentes . ¿Podría ser posible que el Gobierno de Santa Cruz manejara información que le permitiese saber con antelación que se iban a producir incidentes? En ese caso:¿hubo infiltrados? Preguntas sin respuestas. Lo concreto es que miembros de la policía provincial filmaron las marchas, sacaron fotografías e identificaron a cada uno de los integrantes de la mesa sindical que estaban presentes esa tarde.
 

El Departamento de Informaciones Policiales (DIP) de la Policía de Santa Cruz se transformó en un servicio de inteligencia paralelo, que reporta de forma directa al Ejecutivo Provincial. En esas oficinas se recolecta la información que le interesa al Gobierno: base de datos de los sindicatos, filmaciones de marchas, fotografías con sus respectivas identificaciones, documentos periodísticos y otros. Todo lo que sirva para que el gobierno provincial sepa de antemano cada uno de los movimientos de los gremios, pero también para tener un particular instrumento de presión a la hora de la negociación. El reglamento de unidades operativas de la policía santacruceña establece dentro de las funciones del DIP, la recolección de “archivos de información básica: gremial, política, religiosa, educacional, periodística, asociaciones intermedias, comercio, transporte, etc”.
 

Consultado por Clarín , el secretario general del gremio docente de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, fue claro: “Lo de Gendarmería en Buenos Aires no nos sorprendió. Esto ratifica lo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo. Lo que hoy se refleja a nivel nacional es lo que vivimos acá en nuestra provincia. Esto es una metodología del kirchnerismo ”.
 

Las fotografías que ilustran esa nota fueron confeccionadas durante la crisis social y política que vivió Santa Cruz en 2007. Se trata de capturas de pantalla con identificaciones de las personas que aparecen en videos grabados por el DIP, durante cada una de las marchas gremiales.
 

Estas fotografías fueron enviadas desde el gobierno santacruceño a Isidro Bounine, en ese entonces, secretario privado de la Presidenta de la Nación, por pedido de Olivos. “Llama la atención pero no sorprende. Por algunos datos que nos pasaban, siempre nos enterábamos que nos pinchaban los teléfonos o cosas por el estilo”, le explicó a Clarín , el ex diputado provincial, Omar Hallar, uno de los identificados en las fotografías, que se enteró de las imágenes al ser consultado por este medio.
 

Este no fue el único caso de espionaje. Además de Hallar, fueron identificados líderes sindicales, maestros, periodistas y políticos. Con círculos rojos y flechas, también se marcó al obispo santacruceño, Juan Carlos Romanín . Muñoz recuerda que en 2004 también pasaron cosas similares. “Las marchas que hacíamos en Caleta Olivia las grababa Prefectura”, sostiene. Pero ahora pasó a manos del DIP que sigue funcionando. Fuente: Clarín