Uno de los pasos esenciales e iniciales en este sentido es restablecer la seriedad en la difusión e interpretación de la información sobre las cuentas públicas.

El Ministerio de Economía anunció que el sector público nacional cerró el año 2011 con un superávit de $4.920 millones. Como ocurre desde hace varios años, la declaración se realizó enfatizando que uno de los pilares del modelo económico imperante es la solidez en las cuentas públicas. Más allá de la pertinencia de reconocer la importancia de la sustentabilidad de las finanzas públicas, la realidad que muestran las cifras oficiales, en sentido contrario a lo anunciado, es que hay una gran precariedad fiscal.

El monto que anuncian las autoridades como “superávit” es el resultado  primario, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses de deuda pública. La suma que el sector público nacional pagó en intereses en el año 2011 fue de $35.584 millones. Cuando se computa este concepto se llega a un déficit de $30.664 millones. Este monto representa aproximadamente 1,7% del PBI; el mayor desde el año 2002.

Pero lo más importante es que en estos cálculos se consideran como ingresos las transferencias de la ANSES, del Banco Central y otros organismos públicos. Según los propios datos oficiales del Ministerio de Economía, que se publican junto con los anuncios del “superávit”, surge que estos recursos extraordinarios fueron los siguientes:

·         El excedente de la ANSES fue $22.699 millones ($11.154 millones por rentas del FGS, básicamente, y $11.545 millones de excedentes de ingreso y gasto previsional).

·         Desde el Banco Central y otros organismos se transfirieron $12.236 millones.

·         Esto significa que, sin los excedentes de la ANSES, el Banco Central y otros organismos, el desequilibrio fiscal asciende a $65.599 millones.

Los datos oficiales delatan –en oposición a los anuncios– un muy severo proceso de deterioro de las cuentas públicas. No sólo que el sector público está lejos del “superávit” declamado, sino que el desequilibrio entre los ingresos genuinos y el gasto público alcanzan a $66 mil millones ó el 3,6% del PBI aproximadamente. Este desequilibrio es asimilable al del año 2001, que, según los datos del Ministerio de Economía, fue de 3,2% del PBI, ó al déficit fiscal de Italia que, en crisis, se estima en 4% del PBI. Para financiar parte de este enorme desequilibrio, desde la ANSES, el Banco Central y otros organismos se generan $35 mil millones que alcanzan para financiar el 53% del déficit.

Tratar de disimular la insolvencia del sector público con anuncios “optimistas” no es una acción responsable ni sostenible. Pero más cuestionable y preocupante aún es que se llegue a semejante desequilibrio cuando la presión impositiva del sector público nacional ha alcanzado un récord histórico, pasando de un 20% en el año 2002 al 35% en el año 2011. En otras palabras, los ciudadanos nunca pagaron tantos impuestos, sin embargo, el desequilibrio de las cuentas públicas es el más elevado de la última década. 

No menos preocupación causan las formas espurias de financiamiento de este desequilibrio. El excedente de la ANSES es el resultado de la violación a la movilidad de los haberes previsionales. Esto genera cientos de miles de juicios cuyo pago el organismo previsional difiere dilatando al extremo los procesos judiciales. Las rentas de la ANSES son el resultado de la expropiación de los ahorros previsionales ocasionada con la eliminación del régimen de capitalización. Estos fondos –ahora destinados a financiar el déficit fiscal– en una gestión responsable deberían ser capitalizados para respaldar las futuras jubilaciones. En igual sentido, las reservas del Banco Central deberían priorizarse para respaldar el dinero emitido.

La premura manifestada por el gobierno por reducir los subsidios, aunque implique la impopular acción de ajustar las tarifas que paga la población, delata el convencimiento que la situación fiscal es insostenible. Sin embargo, las acciones carecen de la integralidad, calidad e intensidad que demanda esta profunda crisis del sector público argentino. El deterioro acumulado, no sólo con la expansión de los subsidios sino también con crecimiento espurio del empleo público, beneficios previsionales y otras erogaciones, demanda un audaz proceso de modernización del Estado. Para ello, un paso “fundacional” sería restablecer la seriedad en la difusión e interpretación de la información sobre las cuentas públicas.