Las versiones sobre la posible reestatización de la petrolera YPF fueron el motivo por el cual ayer cayeron 10,63% las acciones de la compañía en la bolsa porteña. El domingo pasado, el diario Página/12, publicó que “legisladores, especialistas y funcionarios de primera línea del Gobierno participan de un debate que ya incorpora, como alternativa explícita, la recuperación de una petrolera estatal y, más concretamente, la renacionalización de YPF”.
Según Página, el Gobierno estaría disconforme con la gestión ejecutiva del grupo argentino Petersen (familia Eskenazi) en YPF por supuestas inversiones insuficientes para aumentar la producción de petróleo y gas. Para los analistas del mercado, tal rumor motivó la caída de las acciones de YPF, empresa con pero cuyo management está en manos de la familia Eskenazi. Así, los títulos de YPF cerraron la jornada de ayer a 164 pesos (37,7 dólares) por unidad.
El Cronista consultó a YPF sobre el tema pero la empresa se abstuvo de hacer comentarios. En el mercado creen que las señales de una relación tirante entre YPF y el Gobierno comenzaron a registrarse el año pasado. Un dato no menor fue una entrevista que este mismo diario le realizó al ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, el nueve de noviembre pasado. En dicho reportaje, el hombre que estuvo al frente de las privatizaciones en los ‘90, decía que “el Estado tiene que ser socio y controlar YPF”. Las palabras de Dromi no pasaron desapercibidas para el mercado y tampoco para YPF.
Luego de la entrevista la petrolera dijo que “la propuesta estatista de Dromi era surrealista”. Para la agencia de noticias EFE los rumores sobre una relación tirante entre el Gobierno y la empresa se dispararon luego de que el Ejecutivo denunciara a YPF y otras cuatro compañías del sector por supuesto ‘abuso de posición dominante’ en el mercado de combustibles. Según la denuncia del Gobierno, YPF, la anglo-holandesa Shell, Esso (que fue adquirida el año pasado por un grupo chino y la familia Bulgheroni), la brasileña Petrobras y la argentina Oil cobran ‘sobreprecios’ en el gasoil a granel que alcanzan a unos u$s 808,3 millones anuales y afectan tanto al transporte público, subsidiado por el Estado, como el de cargas. “Se acabó la avivada”, aseguró el miércoles pasado Cristina Fernández al referirse a la denuncia contra las petroleras, tras lo cual advirtió que va “a utilizar todos los instrumentos” permitidos por la ley para “defender los intereses” de los argentinos en este caso.
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