Por Mariano Blejman

Los efectos “colaterales” del cierre de Megaupload un día después de la protesta contra la ley SOPA anticipan hasta dónde piensa llegar el gobierno estadounidense en defensa de la propiedad intelectual. El hondazo que le dio el FBI al sitio creado por el exuberante alemán Kim Dotcom Schmitz, que tenía el 4 por ciento del tráfico de Internet, ya tuvo la primera bandera blanca, en señal de retirada: ayer el sitio inglés BTjunkie, un buscador de archivos de intercambio, anunció que se bajaban “voluntariamente” de la red debido a las presiones, luego de ver cómo detenían a los creadores de Megaupload y a los tres fundadores de The Pirate Bay, el sitio de BitTorrent más usado del mundo, asentado en Suecia. “Este es el fin de la línea, mis amigos”, escribieron en su web de manera lapidaria los creadores de este sitio que permitía buscar películas, canciones, programas a través del protocolo peer to peer creado por Bram Cohen hace una década.

 

En términos de política internacional, podría decirse que el cierre motu proprio de BTjunkie es algo así como el triunfo “diplomático” de las armas digitales norteamericanas. Es decir, la capacidad de resistencia de los sitios de intercambio de archivos quedó trunca ante la fuerza de los últimos acontecimientos. También decidieron suspender servicios de intercambio sitios como FileSonic o Uploaded.to (que cerró en Estados Unidos), y unos cuantos más caerán por la fuerza de los hechos. Megaupload tenía 50 millones de usuarios diarios activos y 150 millones registrados, el 4 por ciento del tráfico mundial de Internet y estaba intentando reconvertir su imagen con una campaña pegadiza, cuyos videos están en YouTube. Entre otras cosas, habían nombrado como CEO a Swizz Beats, el esposo de la cantante y compositora de rock & blues Alicia Keys. Pero no alcanzó. Como se sabe, Megaupload fue bajado el 19 de enero acusado de formar parte de una “mega” conspiración que les habría hecho perder 500 millones de dólares a las empresas defensoras de la propiedad intelectual, básicamente la industria de Hollywood y la de la música, acusados además de haber ganado 150 millones de dólares por suscripciones y 25 millones en publicidad en un período de cinco años.

 

La propiedad o ¿la propiedad intelectual?

 

Pero qué ironía: en nombre de la defensa de la “propiedad intelectual”, el cierre de Megaupload podría considerarse el ataque más flagrante a la propiedad privada en la historia de Internet. Por poner uno de los 150 millones de casos: Verónica Malamfant es una de las creadoras de Las Pornógrafas, un sitio de “periodistas algo eróticas” que se juntan a escribir sobre sexo una vez por semana y realizan desde hace dos años programas. En este tiempo pasaron de tener 200 descargas en el primer programa a seis mil en el último antes del cierre de Megaupload, lugar donde tenían una cuenta premium. “Nunca violamos ninguna propiedad intelectual. Subimos nuestros propios contenidos, y –si bien tenemos un backup en nuestras máquinas– nos mató el hecho de perder los registros de las visualizaciones, la información contextual que fuimos agregando”, además de un trabajo de carga de dos años.

 

Músicos, artistas, diseñadores, periodistas, realizadores audiovisuales, cineastas, en fin, millones de personas de todo el mundo se vieron afectadas por la decisión del FBI de cerrar Megaupload. El sitio del fastuoso Dotcom, estaba asentado legalmente en Nueva Zelanda y Hong Kong, pero los servidores estaban en Estados Unidos. Ergo, la repercusión es planetaria. Y el FBI una fuerza sin fronteras. Qué novedad. La semana pasada, el FBI anunció que ya habían recabado la información necesaria de los servidores de Megaupload para construir su caso por cibercrimen. Como las cuentas de la empresa habían sido congeladas, nadie había podido pagar la factura a nombre de Carpathia y Cogent, dos de las empresas que les daban los servidores a Megaupload dentro de Estados Unidos, éstos podían ser borrados. El dato lo dio Ira Rothken, la abogada del sitio que ofrecía la posibilidad de compartir archivos de gran tamaño, sobre todo cuando los usuarios compraban cuentas premium, y se anunció que los datos de millones de usuarios en todo el mundo estaban a punto de desaparecer. El asunto es que en los términos y condiciones de Megaupload –eso que uno firma cuando acepta ingresar a un servicio sin darle demasiada importancia– dice que “Megaupload puede terminar sus operaciones sin previo aviso”. O sea.

 

Internet con Fronteras

 

Y entonces llegó la Electronic Frontier Foundation, fundada por John Perry Barlowe (alguna vez letrista de los Grateful Dead), organización no gubernamental que defiende los derechos digitales de los ciudadanos, a realizar un acuerdo con Carpathia –unos del hosting de Megaupload– para intentar recuperar los archivos de 150 millones de usuarios repartidos por el mundo... Bueno, por lo pronto sólo defenderán aquellos asentados dentro de territorio norteamericano. Todo no se puede. El acuerdo de la EFF con Carpathia incluye la creación de un sitio web llamado Megaretrieval.com para instrumentar la recuperación de la información “retenida” en la nube de Megaupload, luego de la decisión del FBI. Aunque no se sabe muy bien cómo se instrumentará la recuperación. Por lo pronto, la posibilidad de que esos datos se pierdan para siempre –lo cual sería la mayor pérdida de memoria colectiva de la historia de Internet, una especie de nueva quema de la biblioteca de Alejandría– ha disminuido sensiblemente.

 

Es decir, la decisión de un gobierno afectó unilateralmente a 150 millones de usuarios (que todavía no son lo mismo que personas, pero es cuestión de esperar), y una organización no gubernamental tuvo que pedirle a una empresa privada que resguarde la información de los usuarios. Además, una decena de ejecutivos que no eran estadounidenses fueron detenidos por el FBI fuera de los Estados Unidos. La EFF estaría pensando en organizar una demanda colectiva contra el gobierno de los Estados Unidos por una larga serie de violaciones a los derechos de los ciudadanos... de los Estados Unidos. Comenzaron por pedirle a la Justicia estadounidense a través de un procedimiento formal la salvaguarda de los datos de los “usuarios inocentes”, que probablemente sean mayoría. La carta fue firmada por Cindy Cohn, directora legal de la Fundación.

 

El problema es que fuera de los Estados Unidos la sensación es de desamparo. Quienes llevan la delantera en iniciar acciones colectivas contra el gobierno de los Estados Unidos son los fundadores del Partido Pirata Catalán. “Los daños por el cierre de Megaupload están totalmente injustificados y son inadmisibles”, escribieron. Luego se sumaron los partidos piratas del resto de Europa. Se prenden lentamente en la demanda colectiva los partidos piratas de Galicia, Alemania, Inglaterra, República Checa, Francia, Canadá, y obviamente el de Suecia, que tiene representación parlamentaria. El sitio catalán anunció haber recibido al menos 1500 demandas en las primeras horas de convocatoria. En Argentina, el Partido Pirata local intentaba encontrar un abogado para sumarse a la causa. “Los costos de pagar un abogado en Estados Unidos y pelearse con el FBI sería una causa que me moriría de amor, me sentiría el Che Guevara por unos microsegundos, pero se nos va de presupuesto”, cuenta la periodista Malamfant, de Las Pornógrafas.

 

La agrupación de hacktivistas Anonymous no se conformó sólo con tirar rápidamente una serie de páginas desde el FBI hasta la industria de Hollywood o los sellos discográficos, sino que revelaron una conversación que podría haber ocurrido el 17 de enero (antes del cierre de Megaupload) entre el FBI y la Scotland Yard, en donde los servicios de inteligencia se referían al apoyo de algunos hackers para realizar sus acciones.

 

Tráfico legal, tráfico ilegal

 

El impacto del cierre de Megaupload en el tráfico mundial ha sido espectacular. Ese 4 por ciento de Internet (una increíble concentración del tráfico, quién lo duda) que tenía al sitio de Dotcom como origen, pero decenas de sitios que lo usaban como fuente de streaming se distribuyó rápidamente entre los servicios de descarga digital y la televisión tradicional. Según Nicolás de Tavernost, del grupo francés M6, que ofrece un servicio legal de streaming, en la última semana recibieron “un aumento considerable de tráfico” y lo vinculó directamente con el cierre del sitio, para el placer de Marcelo Birmajer, que el domingo salió a apoyar la ley SOPA en Clarín. Pero con o sin SOPA o PIPA (las dos leyes insignias de la propiedad intelectual que parecen haber quedado en stand by luego del “apagón” de Wikipedia y otros cientos de sitios el 18 de enero pasado), Internet se debate no sólo sobre la propiedad intelectual, sino por el atropello de los derechos individuales, la libertad de expresión, la neutralidad de Internet y el libre flujo de información.

 

Desde el auge y caída de Napster, la industria ha buscado métodos para recuperar la escasez del acceso a los bienes culturales existentes. Las condiciones tecnológicas y culturales del protocolo de Internet (¡ay Vint Cerf!) generaron nuevas leyes de mercado y de tráfico cultural. Por poner un ejemplo vale recorrer los libros Long Tail y Free, de Chris Anderson, y una gran red de producción dedicada a la cultura libre. El problema para el FBI es que todavía existe Internet, y a esta altura es irremplazable en la vida cotidiana de dos mil millones de personas. En los últimos tres o cuatro años, las corporaciones más duras, dedicadas a fibras y cables, ofrecen servicios denominados “en la nube”. Es decir, la oportunidad de empresas, gobiernos, usuarios de subir los datos a Internet, de tener la posibilidad del desplazamiento permanente, la inexistencia del servicio técnico y un largo etcétera. Todavía existen sitios como RapidShare, SoundCloud, DropBox, GrooveShark, Google (que ya tiene computadora para la nube ChromeBook), iCloud de Apple, Amazon o los servicios de Global Crossing, por nombrar apenas algunos, son espacios donde los usuarios suben sus datos amparados por la fascinación del fin del formato físico.

 

Así, el Departamento de Estado camina en dos frentes: trata de endurecer las leyes de propiedad intelectual dentro de Estados Unidos y de aprobar leyes para cortar el acceso a sitios que puedan violarlos fuera. Luego intenta acomodar las leyes de otros países a sus propias leyes de propiedad intelectual y escarmienta con el FBI para generar el efecto terror. Un efecto no deseado por el gobierno estadounidense es que una copia exacta de Megaupload podría instalarse fuera de ese país y la Justicia norteamericana no podría interceder: lo dijo la propia Justicia esta semana. Pero qué pasaría si los usuarios empezaran a subir índices de películas para bajar por BitTorrent en archivos compartidos de Google Docs, ¿estaría dispuesto el FBI a cerrar Google? ¿En qué país está Google? O, como bien escribió el emprendedor argentino Santiago Bilinkis en su blog: “La lucha para evitar el atropello de las libertades será difícil y desigual. Pero hay una buena noticia: no hay ley que pueda de manera efectiva y sostenida detener el avance de la tecnología. Y será nuestro ingenio, aprovechando las posibilidades que Internet misma ofrece, el que nos brinde herramientas ideales para resistir”.

 

@blejman