Acorralan al principal aportante K

La Justicia descubrió depósitos de 2,8 millones de pesos en efectivo sin justificar en una cuenta de Carlos Torres, director de una droguería que financió la campaña de Cristina. Diego Schurman.

La Justicia volvió a poner la lupa sobre Carlos Torres en el marco de la megacausa que investiga el lavado de dinero. El principal aportante de la campaña de Cristina Kirchner figura como titular de una cuenta que en vísperas de las elecciones presidenciales de 2007 registró depósitos en efectivo del orden de los 2,8 millones de pesos.

La denuncia de los fastuosos movimientos bancarios, hasta ahora sin aparente justificación, fue realizada por el fiscal Raúl Pleé en base a un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

La cuenta corriente abierta en el Banco Santander Río a nombre de la droguería Multipharma, de la que Torres es directivo, recibió los suculentos depósitos en el corto lapso que va de septiembre a noviembre de 2007.

Torres está preso desde que el juez Norberto Oyarbide vinculó a Multipharma con la mafia de los medicamentos. Con estos nuevos datos ahora el magistrado podría disponer medidas sobre otros actores vinculados directa o indirectamente al kirchnerismo.

El empresario farmacéutico debitaba parte del dinero depositado, cuyo origen se presume ilegal, librando cheques a nombre del Frente para la Victoria. Además, endosaba documentos a favor de cooperativas agropecuarias y de crédito que serían un eslabón más en el proceso de blanqueo de dinero.

En la rendición de cuentas que el Frente para la Victoria hizo ante la Justicia Electoral, Torres figura aportando 170 mil pesos a título personal y 310 mil pesos a través de Multipharma.

Según las investigaciones, del total de lo “donado” la mayor parte provino de la cuenta del Banco Santander Río, y el resto –alrededor de 60 mil pesos– se extrajo de otra cuenta, que el aportante K abrió en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Para el fiscal Pleé, la finalidad de este tipo de maniobras es “realizar operaciones económicas que otorgan una apariencia de licitud a esos fondos cuyo origen sería producto de delitos que se encuentran siendo investigados”.

RAMIFICACIONES. Torres es el supuesto testaferro de Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier. Durante un allanamiento efectuado en noviembre de 2008, Oyarbide encontró en la casa de Lorenzo una carpeta caratulada “Aportes de campaña 2007”. Figuraban allí Multipharma y su director, por separado.

“En definitiva, Multipharma, en sociedad con Lorenzo como persona jurídica, y Torres, como persona física, totalizan el mayor aporte de la campaña por un monto de 701 mil pesos”, concluye una reciente investigación de la Coalición Cívica en el apartado sobre empresas y empresarios “sospechados de narcotráfico y operaciones ilegales con medicamentos suministrados por programas estatales”.

Lorenzo fue procesado y luego detenido por orden de Oyarbide. La misma suerte corrió, también señalado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la compraventa de medicamentos truchos, el ex presidente de la Obra Social de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola.

Cuando la Justicia auscultó la organización ilegal de Lorenzo descubrió que la misma tenía dos integrantes impensados: Alberto Costa, quien debió renunciar al cargo de subsecretario de Salud bonaerense; y Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.

Numerosos cheques emitidos por San Javier, Multipharma y La Bancaria (o sea, por Lorenzo, Torres y Zanola) tenían el mismo destino: la cuenta de Ibar Esteban Pérez Corradi. Se trata del empresario detenido y trasladado a la delegación de Interpol, ya que sobre él pesaba un pedido de captura internacional de Estados Unidos por asociación ilícita.

Pérez Corradi está en la mira de la Justicia local acusado de instigar el triple crimen y participar del tráfico de efedrina. Según la declaración de testigos de ambas causas, habría sido socio de Forza en la venta de medicamentos hasta que se enemistó, poco antes de la masacre de General Rodríguez.

Dos de los testigos que lo señalaron fueron la propia viuda, Solange Bellone, y el cirujano Gustavo Ricchiuto. Este último juró haber escuchado que Pérez Corradi pagó 100 mil pesos para que asesinaran a Forza.

LO QUE SE VIENE. Si bien se acaba de revelar que en una de sus cuentas se había depositado la friolera de 2,8 millones de pesos en efectivo sin justificación aparente, Torres resulta una figura de peso relativo al lado de Rubén Romano, un ex gerenciador del PAMI que también está en la mira de la Justicia por presunto lavado, encubrimiento y evasión impositiva.

Información recogida en 2008, durante un allanamiento en la casa de este empresario, permitió a los investigadores descubrir una “cueva financiera” en una sucursal no registrada del BNP Paribas en la zona de Retiro.

A cambio de comisiones, el banco garantizaba operaciones en negro en cuentas de sus sucursales en el exterior. A Romano le encontraron depósitos fuera del país por un millón ochocientos mil dólares que nunca declaró a la AFIP.

Este ex gerenciador está procesado por administración fraudulenta y también por amenazar de muerte a Graciela Ocaña, una de las impulsoras de la investigación de la mafia de los medicamentos. La ex ministra lo sumó al listado de “yabranes” del negocio de la Salud, en alusión a fallecido Alfredo Yabrán.

Se cree que antes de la llegada de Ocaña, Romano contaba con la complicidad oficial necesaria para desarrollar maniobras de lavado. A cambio, parte del dinero blanqueado se volcaba al financiamiento de actividades políticas.

Un eslabón clave en las investigaciones es Héctor Capaccioli. Se trata del ex recaudador de la campaña de Cristina, que desde la Superintendencia de Salud habría facilitado el negocio de los remedios adulterados para asegurarse dinero fresco en vísperas de la presidencial de 2007.

En el expediente judicial están comprobados los lazos de Capaccioli con Lorenzo y Torres a través de desgrabaciones telefónicas. El ex funcionario de Salud también aparece estrechamente vinculado a Zanola, a quien le prometió el manejo discrecional de dinero con la creación de un fideicomiso para atender las urgencias de La Bancaria a través de la droguería San Javier. Por eso un fiscal pidió que sea citado a declarar.

Romano entra en este rompecabezas a través de sus históricos lazos con las obras sociales sindicales, entre ellas la que comandaba Zanola y la de José Luis Lingieri, del gremio de Obras Sanitarias. Ambas dieron andamiaje político a la campaña de Cristina. ¿También financiero? Se investiga por estas horas si oficiaba de engranaje junto a estas organizaciones en un circuito de lavado de dinero.

En Tribunales aseguraron a Crítica de la Argentina que su nombre volverá a aparecer en los títulos de los diarios antes de que finalice el mes. Romano sabe que eso no es una buena noticia para él.

Por Diego Schurman
criticadigital.com